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Embargos judiciales: qué bienes pueden embargarse y cuáles están protegidos por la ley

Fri, 03 Jul 2026 13:48:31 GMT

Embargos judiciales: qué bienes pueden embargarse y cuáles están protegidos por la ley

Fecha: 3 de julio de 2026

Artículo jurídico divulgativo - Bufete Catalá Rubio & Henry

El embargo judicial es una de las actuaciones más frecuentes en los procedimientos de ejecución. Se utiliza para hacer efectivo el cobro de una deuda reconocida en un título ejecutivo, como una sentencia, un decreto de aprobación de costas, una escritura pública, un préstamo impagado o una resolución administrativa que permita iniciar la vía de apremio.

Sin embargo, no todo puede embargarse y no todo puede embargarse de cualquier manera. La ley protege determinados bienes, salarios, pensiones e ingresos para evitar que la ejecución deje al deudor sin medios mínimos de subsistencia. Por eso es importante conocer qué bienes pueden ser embargados, cuáles están protegidos y qué puede hacerse cuando el embargo se ha practicado indebidamente.

1. Qué es un embargo judicial

El embargo no es, por sí solo, el pago de la deuda. Es una medida de traba o afección de bienes y derechos del ejecutado para asegurar que, si no paga voluntariamente, esos bienes puedan convertirse en dinero o servir para satisfacer al acreedor.

En la práctica, los embargos más habituales recaen sobre cuentas bancarias, nóminas, pensiones, devoluciones de Hacienda, vehículos, inmuebles, créditos frente a terceros, derechos económicos, participaciones sociales o rentas. La finalidad es cubrir la deuda principal, los intereses y las costas de la ejecución.

2. Orden general de los embargos

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el Letrado de la Administración de Justicia debe procurar embargar los bienes del ejecutado atendiendo a dos criterios: la mayor facilidad para convertirlos en dinero y la menor carga posible para el deudor.

Cuando esos criterios no puedan aplicarse con claridad, la ley prevé un orden orientativo: primero dinero o cuentas corrientes, después créditos y derechos realizables a corto plazo, joyas y objetos de arte, rentas, bienes muebles, inmuebles, sueldos, salarios, pensiones e ingresos profesionales, y finalmente créditos o derechos realizables a medio y largo plazo.

Esto explica por qué, en la práctica, muchas ejecuciones empiezan por cuentas bancarias y devoluciones tributarias: son bienes fáciles de localizar y de realizar. Ahora bien, que algo sea fácil de embargar no significa que siempre sea legal embargarlo en su totalidad.

3. Bienes absolutamente inembargables

Existen bienes que no pueden embargarse en ningún caso. Entre ellos están los bienes declarados inalienables, los derechos accesorios que no puedan separarse del principal, los bienes sin contenido patrimonial propio y los bienes expresamente declarados inembargables por una norma legal.

Una mención especial merece la protección de los animales de compañía: la Ley de Enjuiciamiento Civil los considera bienes absolutamente inembargables, sin perjuicio de que puedan embargarse las rentas que eventualmente generen.

4. Bienes necesarios para la vida ordinaria del deudor

También son inembargables determinados bienes personales y familiares. La ley protege el mobiliario y menaje de la vivienda, la ropa del deudor y de su familia, alimentos, combustible y otros bienes imprescindibles para que el ejecutado y las personas que dependan de él puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia.

La protección no alcanza a los bienes superfluos o de lujo. Por ejemplo, no es lo mismo el mobiliario básico de una vivienda que objetos de alto valor económico que exceden claramente de lo necesario para una vida digna.

Además, son inembargables los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del deudor, siempre que su valor no sea desproporcionado en relación con la deuda. Esta regla es especialmente importante para autónomos y profesionales.

5. Embargo de nóminas, salarios y pensiones

El salario, sueldo, pensión, retribución o equivalente que no exceda del salario mínimo interprofesional es inembargable. Para 2026, el SMI se ha situado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, dato que debe comprobarse siempre en el momento concreto del embargo porque puede actualizarse anualmente.

Cuando los ingresos superan el SMI, no se embarga todo el exceso de una sola vez, sino que se aplica una escala progresiva prevista en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

La regla se aplica sobre la cantidad líquida percibida, una vez descontadas las retenciones fiscales, cotizaciones y otros descuentos públicos obligatorios. Además, si el ejecutado cobra varias prestaciones, salarios o pensiones, se acumulan para aplicar una sola vez la parte inembargable.

La ley permite que, atendiendo a las cargas familiares del ejecutado, se reduzcan entre un 10 % y un 15 % los porcentajes de embargo de los primeros tramos. Esta posibilidad debe solicitarse y justificarse documentalmente.

6. Ingresos de autónomos y profesionales

Las reglas de inembargabilidad del artículo 607 no solo se aplican a trabajadores por cuenta ajena y pensionistas. La propia Ley de Enjuiciamiento Civil extiende su aplicación a los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.

Esto es importante porque, en ocasiones, se embargan cuentas de autónomos como si todo el saldo fuera dinero libremente embargable, cuando una parte puede corresponder a ingresos necesarios para su actividad y para su subsistencia. La defensa exige acreditar el origen de los ingresos, su periodicidad y la vinculación con la actividad profesional.

7. Cuentas bancarias: el problema más frecuente

El embargo de cuentas bancarias genera muchas dudas. En principio, el dinero existente en una cuenta corriente puede embargarse. Pero si en esa cuenta se ingresa habitualmente una nómina, pensión o prestación, deben respetarse los límites legales de inembargabilidad sobre el importe que tenga esa naturaleza.

En el ámbito tributario, la Ley General Tributaria establece expresamente que, cuando en la cuenta afectada se abonen sueldos, salarios o pensiones, deben respetarse las limitaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, considerando como sueldo, salario o pensión el importe ingresado por ese concepto en el mes del embargo o, en su defecto, en el mes anterior.

Por eso, cuando se embarga una cuenta donde se acaba de ingresar una pensión o una nómina inferior al SMI, puede existir base para pedir el levantamiento total o parcial del embargo. La clave está en acreditar el origen del dinero mediante extractos bancarios, nóminas, certificados de pensión o justificantes de la prestación.

8. Vehículos, viviendas y otros bienes

Los vehículos pueden embargarse, pero hay que valorar su utilidad, su titularidad real, su valor de mercado, las cargas existentes y si el coste de realización compensa la ejecución. En algunos casos, el vehículo puede ser necesario para trabajar, lo que no lo convierte automáticamente en inembargable, pero sí puede justificar una oposición o una petición de sustitución del embargo por otro bien menos gravoso.

Los inmuebles también pueden embargarse, incluida la vivienda habitual, salvo que exista una causa legal específica que lo impida. Ahora bien, el embargo de un inmueble no equivale a un desahucio inmediato ni a una pérdida automática de la propiedad. Normalmente exige anotación preventiva, valoración, subasta y trámites posteriores.

También pueden embargarse devoluciones de Hacienda, créditos frente a terceros, saldos en plataformas financieras, participaciones sociales, rentas de alquiler, derechos económicos y otros activos patrimoniales. La regla general es que el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros, pero siempre con los límites legales de inembargabilidad y proporcionalidad.

9. Alimentos y pensión compensatoria: una excepción importante

La escala ordinaria del artículo 607 LEC no se aplica igual cuando se ejecutan resoluciones que condenan al pago de alimentos derivados directamente de la ley, incluidos los alimentos a hijos o cónyuge acordados en procedimientos de familia. En estos casos, el Tribunal puede fijar la cantidad embargable atendiendo a las circunstancias concretas.

La misma especialidad puede aplicarse a la pensión compensatoria cuando se cumplan los requisitos legales y se acredite necesidad económica. Por tanto, no debe confundirse un embargo ordinario por una deuda común con una ejecución de alimentos o pensión compensatoria.

10. Qué hacer si se ha embargado un bien protegido

El embargo trabado sobre bienes inembargables es nulo de pleno derecho. El ejecutado puede denunciar esa nulidad ante el Tribunal por los cauces procesales correspondientes o incluso mediante simple comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia si no se ha personado en la ejecución.

En la práctica, conviene actuar con rapidez. El escrito debe identificar el embargo concreto, explicar por qué vulnera los límites legales y aportar la documentación justificativa: nóminas, certificados de pensión, extractos bancarios, justificantes de cargas familiares, certificados de prestaciones, documentación profesional o cualquier otro documento que acredite la inembargabilidad total o parcial.

11. Conclusión

El embargo es una herramienta legítima para cobrar deudas, pero tiene límites. La ley busca equilibrar dos intereses: el derecho del acreedor a cobrar y el derecho del deudor a conservar unos medios mínimos de vida digna.

Por eso, ante un embargo de nómina, pensión, cuenta bancaria, vehículo, vivienda o ingresos profesionales, no basta con aceptar la actuación sin más. Hay que revisar si se ha respetado el orden legal, si el bien pertenece realmente al ejecutado, si existe proporcionalidad y si se han aplicado correctamente los límites de inembargabilidad.

Un embargo mal calculado o practicado sobre bienes protegidos puede impugnarse. La diferencia entre reaccionar a tiempo o no hacerlo puede ser decisiva para conservar ingresos indispensables o recuperar cantidades indebidamente retenidas.

Fuentes normativas principales

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 592, 605, 606, 607, 608 y 609.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: artículos 169, 170 y 171, en materia de embargo administrativo y cuentas bancarias.
Normativa anual sobre salario mínimo interprofesional vigente en cada ejercicio.

Bufete Catalá Rubio & Henry

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Cuenca, 3 de julio de 2026

Fraudes bancarios por phishing, smishing y Bizum: cuándo debe devolver el dinero el banco

Fri, 19 Jun 2026 12:45:21 GMT

Fraudes bancarios por phishing, smishing y Bizum: cuándo debe devolver el dinero el banco

Artículo jurídico divulgativo | 19 de junio de 2026

Bufete Catalá Rubio & Henry | Abogados en Cuenca y Valencia

1. Un problema cada vez más frecuente

Las estafas bancarias digitales se han convertido en una de las consultas más habituales en los despachos de abogados. El cliente recibe un SMS aparentemente enviado por su banco, un correo electrónico que reproduce la imagen corporativa de la entidad, una llamada telefónica de alguien que dice pertenecer al departamento de seguridad o una solicitud fraudulenta a través de Bizum. Minutos después, descubre que se han realizado transferencias, pagos con tarjeta o cargos que nunca autorizó.

La reacción inicial suele ser de angustia y, muchas veces, de culpa: “he pinchado un enlace”, “me han engañado”, “han usado mis claves”. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la cuestión esencial no es solo si el cliente ha sido víctima de una estafa, sino si la operación bancaria puede considerarse autorizada y si la entidad financiera puede probar que el usuario actuó con fraude o negligencia grave.

2. Qué dice la normativa de servicios de pago

La norma básica es el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, que transpone la normativa europea sobre servicios de pago. Esta norma establece un régimen especialmente protector para el usuario cuando niega haber autorizado una operación de pago.

El artículo 41 impone al usuario la obligación de utilizar el instrumento de pago conforme a las condiciones pactadas, proteger sus credenciales de seguridad y comunicar sin demora indebida cualquier extravío, sustracción, apropiación indebida o utilización no autorizada del instrumento de pago.

Pero el punto central está en el artículo 44. Cuando el usuario niega haber autorizado una operación, corresponde al proveedor de servicios de pago demostrar que la operación fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no se vio afectada por ningún fallo técnico u otra deficiencia del servicio. Además, el mero registro informático del uso del instrumento de pago no basta necesariamente para demostrar que la operación fue autorizada ni que el usuario actuó con negligencia grave.

El artículo 45 añade que, si se ejecuta una operación de pago no autorizada, el banco debe devolver el importe de inmediato y, en cualquier caso, a más tardar al final del día hábil siguiente a aquel en que haya observado o se le haya notificado la operación, salvo sospecha fundada de fraude comunicada al Banco de España.

Finalmente, el artículo 46 limita la responsabilidad del ordenante. El usuario solo soportará todas las pérdidas si ha actuado fraudulentamente o si ha incumplido deliberadamente o por negligencia grave sus obligaciones de custodia y comunicación.

3. La clave: no basta con decir que “se usaron las claves”

Durante años, muchas entidades bancarias defendían que, si la operación se había realizado introduciendo claves, códigos SMS, firma electrónica o autenticación reforzada, la operación debía considerarse autorizada o, al menos, imputable al cliente. Esa tesis resulta hoy insuficiente.

La banca digital exige sistemas robustos de prevención, autenticación, supervisión y detección de operaciones sospechosas. Que un tercero consiga acceder a las credenciales del usuario no significa automáticamente que el cliente haya actuado con negligencia grave. El fraude digital se caracteriza precisamente por técnicas de suplantación cada vez más sofisticadas, capaces de engañar incluso a usuarios prudentes.

Por eso, cuando el cliente niega haber autorizado la operación, el banco debe acreditar algo más que la simple existencia de una autenticación formal. Debe probar que el sistema funcionó correctamente y, además, que el usuario actuó fraudulentamente o con una falta de diligencia grave, cualificada e inexcusable.

4. La Sentencia del Tribunal Supremo 571/2025, de 9 de abril

La resolución más importante sobre esta materia es la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, número 571/2025, de 9 de abril, ROJ STS 1671/2025, ECLI:ES:TS:2025:1671. En aquel caso, el cliente sufrió operaciones no autorizadas por importe muy elevado mediante suplantación de identidad en banca digital. El banco sostuvo que las operaciones habían sido autenticadas y que el usuario debía soportar las consecuencias.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de la entidad bancaria y confirmó la responsabilidad del banco. La sentencia aclara que la controversia consiste en determinar quién responde por operaciones realizadas por un tercero que, utilizando credenciales obtenidas por cualquier medio, suplanta la identidad del usuario y accede a su cuenta sin consentimiento.

La doctrina que se desprende de esta sentencia es especialmente relevante: la carga de probar la negligencia grave del usuario corresponde al banco; la utilización de credenciales válidas no equivale necesariamente a consentimiento; y la entidad financiera debe reaccionar ante alertas, operaciones inusuales, importes anómalos, horarios extraños o comunicaciones previas del cliente.

El Tribunal Supremo destaca que, incluso si el cliente hubiera facilitado inconscientemente datos por haber sido víctima de phishing, lo decisivo es valorar su conducta global. Si avisó con rapidez, si actuó diligentemente y si no existen datos que acrediten una conducta gravemente negligente, la entidad financiera no puede trasladarle automáticamente la pérdida.

5. Qué debe hacer el cliente al detectar el fraude

La rapidez es esencial. En cuanto el cliente detecte una operación sospechosa debe comunicarla inmediatamente al banco, bloquear tarjetas y accesos, solicitar por escrito la devolución de las cantidades, pedir justificante de la reclamación y conservar todas las pruebas: SMS, correos electrónicos, capturas de pantalla, llamadas, movimientos bancarios, comunicaciones con la entidad y denuncia policial.

También es conveniente cambiar contraseñas, revisar el teléfono móvil y el correo electrónico, comprobar si ha habido duplicado de tarjeta SIM o accesos no autorizados, y presentar reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad. Si la respuesta es negativa o insuficiente, puede plantearse reclamación ante el Banco de España y, en su caso, demanda judicial contra la entidad bancaria.

6. Qué suele alegar el banco y cómo se puede discutir

Las entidades financieras suelen alegar que la operación fue correctamente autenticada, que el cliente introdujo sus claves, que recibió códigos de confirmación, que el sistema no presentó incidencias o que el usuario incumplió sus deberes de custodia. Estas alegaciones deben analizarse caso por caso.

La defensa del consumidor pasa por exigir a la entidad una prueba completa: trazabilidad de la operación, IP de conexión, dispositivo utilizado, geolocalización aproximada, sistema de autenticación, histórico de operaciones anteriores, alertas antifraude, patrones de riesgo, horario, importe, destinatarios, medidas de bloqueo y respuesta ante la comunicación del cliente.

En muchos casos, las operaciones fraudulentas presentan señales evidentes de anormalidad: transferencias sucesivas en poco tiempo, destinatarios desconocidos, importes inusuales, operaciones de madrugada, cambios repentinos de dispositivo, accesos desde ubicaciones extrañas o movimientos incompatibles con el comportamiento bancario habitual del cliente.

7. ¿Puede reclamar también una empresa o autónomo?

Aunque gran parte de las reclamaciones proceden de consumidores, el Real Decreto-ley 19/2018 también protege a usuarios de servicios de pago en sentido amplio. No obstante, cuando el afectado es una empresa, autónomo o profesional, habrá que revisar el contrato marco, las posibles exclusiones legalmente admisibles, el tipo de instrumento de pago y el régimen aplicable en cada caso concreto.

En todo caso, incluso fuera del ámbito estrictamente consumidor, siguen siendo relevantes la carga de la prueba, la seguridad del sistema, la actuación de la entidad, la diligencia del usuario y la existencia o no de negligencia grave.

8. Conclusión

Ser víctima de phishing, smishing, vishing, SIM swapping o una estafa por Bizum no significa automáticamente perder el derecho a recuperar el dinero. La normativa de servicios de pago y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo imponen a las entidades financieras una carga probatoria intensa y una obligación de seguridad especialmente rigurosa.

El banco no puede limitarse a afirmar que se utilizaron las claves del cliente. Debe acreditar que la operación fue correctamente autenticada, que no hubo fallos ni deficiencias del servicio y que el usuario actuó con fraude o negligencia grave. Si no lo prueba, la regla general es que debe reintegrar las cantidades indebidamente sustraídas.

Ante un fraude bancario digital, lo más importante es actuar de inmediato, dejar constancia escrita de todo y buscar asesoramiento jurídico especializado antes de aceptar la negativa de la entidad.

Normativa y jurisprudencia citada

1. Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Artículos 41, 42, 43, 44, 45 y 46. Texto consolidado BOE:

Enlace de consulta: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16036

2. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior.

Enlace de consulta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015L2366

3. Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017, sobre autenticación reforzada de clientes y estándares de comunicación seguros.

Enlace de consulta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R0389

4. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, número 571/2025, de 9 de abril, ROJ STS 1671/2025, ECLI:ES:TS:2025:1671, recurso 1151/2023. Consulta en CENDOJ por ROJ/ECLI:

Enlace de consulta: https://www.poderjudicial.es/search/

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COMPLEMENTO DE MATERNIDAD PARA HOMBRES: PENSIÓN, ATRASOS E INDEMNIZACIÓN POR DISCRIMINACIÓN

Fri, 22 May 2026 08:47:00 GMT

Complemento de maternidad para hombres: pensión, atrasos e indemnización por discriminación

BUFETE CATALÁ RUBIO & HENRY
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Tel. 666073313 · Email: manuelcatalarubio@gmail.com

D. Manuel Catalá Rubi

Abogado – Ilustre Colegio de Abogados de Cuenca nº 1032

Durante los últimos años muchos pensionistas varones han descubierto que podían reclamar un complemento de pensión que inicialmente fue reconocido solo a las mujeres. Aunque popularmente se sigue hablando de “complemento de maternidad para hombres” o incluso de “complemento de paternidad”, jurídicamente conviene distinguir dos situaciones distintas: el antiguo complemento de maternidad por aportación demográfica, aplicable a pensiones causadas entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, y el actual complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género, vigente para pensiones causadas desde el 4 de febrero de 2021.

La cuestión no es menor. En muchos casos la reclamación puede suponer un incremento mensual de la pensión, el cobro de atrasos acumulados durante años y, además, una indemnización de 1.800 euros cuando el INSS obligó al pensionista varón a acudir a los tribunales después de que la justicia europea ya hubiera declarado discriminatoria la exclusión de los hombres.

Este artículo explica, de forma práctica, quién puede reclamar, qué cantidades pueden obtenerse, qué pasos deben seguirse y por qué es importante revisar la resolución de jubilación, incapacidad permanente o viudedad antes de dar por perdido el derecho.

1. ¿Qué era el antiguo complemento de maternidad por aportación demográfica?

El antiguo artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social reconocía un complemento a las mujeres que hubieran tenido hijos biológicos o adoptados y fueran beneficiarias de pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente o viudedad. El complemento se calculaba como un porcentaje sobre la pensión inicial: 5 % si se tenían dos hijos, 10 % si se tenían tres y 15 % si se tenían cuatro o más.

El problema era evidente: la norma excluía a los hombres que se encontraban en una situación comparable. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 12 de diciembre de 2019, asunto C-450/18, declaró que esa regulación constituía una discriminación directa por razón de sexo, contraria a la Directiva 79/7/CEE. A partir de ahí, los tribunales españoles comenzaron a reconocer el derecho de los padres pensionistas a percibir el complemento en igualdad de condiciones.

Por tanto, los hombres que causaron una pensión contributiva entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, y que reunían los requisitos del antiguo artículo 60 LGSS, pueden tener derecho a reclamar el complemento, aunque la pensión se hubiera reconocido hace años.

2. ¿Quiénes pueden reclamar el antiguo complemento?

Con carácter general, deben revisarse especialmente los casos de varones que tengan reconocida una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, siempre que hayan tenido dos o más hijos. En el régimen antiguo no bastaba con un solo hijo, a diferencia del complemento actual de brecha de género.

También debe comprobarse el tipo concreto de pensión. En materia de jubilación, el antiguo complemento no se reconocía en determinados supuestos de jubilación anticipada voluntaria, por lo que cada expediente debe analizarse con cuidado. En incapacidad permanente y viudedad, en cambio, la reclamación puede ser especialmente relevante cuando el beneficiario cumple el requisito de hijos y la pensión se reconoció dentro del periodo indicado.

No basta con mirar la cuantía mensual actual. Hay que revisar la fecha del hecho causante, la resolución inicial del INSS, el número de hijos, el tipo de pensión y si existieron solicitudes o denegaciones anteriores. Una diferencia aparentemente pequeña en el porcentaje puede convertirse en una cantidad importante cuando se acumulan varios años de atrasos.

3. ¿Desde cuándo se cobra? La importancia de los atrasos

Una de las cuestiones más discutidas fue la fecha de efectos económicos. El INSS defendió en muchos procedimientos criterios restrictivos, como limitar los efectos a tres meses anteriores a la solicitud o a la fecha de publicación de la sentencia europea. Sin embargo, el Tribunal Supremo terminó fijando una doctrina mucho más favorable al pensionista.

La sentencia del Tribunal Supremo 487/2022, de 30 de mayo de 2022, recurso 3192/2021, ECLI: ES:TS:2022:1995, declaró que el complemento de maternidad por aportación demográfica reconocido a los hombres produce efectos desde la fecha del hecho causante de la pensión, siempre que se cumplan los restantes requisitos legales. Esta doctrina es esencial porque permite reclamar atrasos desde el reconocimiento inicial de la pensión, no solo desde la solicitud administrativa.

Por ello, en la práctica, el valor económico de la reclamación suele depender de tres elementos: la cuantía inicial de la pensión, el número de hijos y la antigüedad de la pensión. Cuanto mayor sea el tiempo transcurrido desde el reconocimiento de la pensión, mayor puede ser el importe acumulado de atrasos.

4. La indemnización de 1.800 euros por discriminación

Además del complemento y de los atrasos, existe una cuestión de enorme importancia práctica: la posible indemnización por discriminación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 14 de septiembre de 2023, asunto C-113/22, declaró que la práctica administrativa consistente en seguir aplicando una norma discriminatoria tras la sentencia de 2019 generaba una discriminación distinta y exigía una reparación pecuniaria efectiva, incluyendo los gastos derivados de tener que acudir al procedimiento judicial.

El Tribunal Supremo recogió esta doctrina en la sentencia 977/2023, de 15 de noviembre de 2023, recurso 5547/2022, ECLI: ES:TS:2023:4698, y fijó en 1.800 euros la indemnización que corresponde al varón que, tras una denegación administrativa posterior a la sentencia europea de 2019, tuvo que acudir a la jurisdicción social para conseguir el reconocimiento del complemento.

Esta indemnización no sustituye al complemento ni a los atrasos. Es una cantidad adicional dirigida a reparar el perjuicio sufrido por la necesidad de judicializar una reclamación que, a la vista de la doctrina europea, no debió ser rechazada en vía administrativa.

5. El complemento actual de brecha de género desde 2021

Desde el 4 de febrero de 2021 el antiguo complemento fue sustituido por el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género. Este nuevo complemento está regulado en el artículo 60 LGSS y se configura como una cantidad fija por cada hijo o hija, con un límite de cuatro hijos.

Para el año 2026, la cuantía del complemento de brecha de género es de 36,90 euros mensuales por cada hijo o hija, con el límite de cuatro veces dicho importe. Así lo recoge la Seguridad Social y el Real Decreto 241/2026, de 25 de marzo, con efectos desde el 1 de enero de 2026.

La regulación vigente también ha sido objeto de análisis por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia de 15 de mayo de 2025, asuntos acumulados C-623/23 y C-626/23, ha considerado que el sistema seguía planteando problemas de discriminación al exigir a los hombres requisitos adicionales que no se exigían automáticamente a las mujeres. Esta sentencia abre un nuevo escenario de reclamaciones para padres pensionistas a quienes se denegó el complemento de brecha de género por no acreditar determinados perjuicios en su carrera profesional.

6. ¿Qué documentación conviene reunir?

Para valorar correctamente una reclamación es aconsejable reunir la resolución inicial de reconocimiento de la pensión, las comunicaciones posteriores de revalorización, el libro de familia o certificados de nacimiento de los hijos, cualquier solicitud previa presentada ante el INSS, la resolución denegatoria si existe y la reclamación previa administrativa si ya se formuló.

También es útil disponer de información sobre la pensión del otro progenitor, especialmente en el complemento actual de brecha de género, porque la normativa establece reglas de preferencia y posibles efectos cuando ambos progenitores pueden solicitarlo. La situación debe estudiarse caso por caso para evitar errores en la estrategia de reclamación.

7. Pasos habituales para reclamar

El primer paso es presentar una solicitud ante el INSS pidiendo el reconocimiento del complemento y de los efectos económicos correspondientes. Si el INSS deniega la solicitud o guarda silencio, normalmente deberá presentarse reclamación previa. Si esta también es desestimada, o si transcurre el plazo legal sin respuesta, se puede acudir al Juzgado de lo Social.

En la demanda judicial deben pedirse de forma clara tres conceptos cuando proceda: el reconocimiento del complemento, los atrasos desde la fecha correcta y la indemnización de 1.800 euros cuando concurran los requisitos fijados por la jurisprudencia. No es recomendable limitar la reclamación únicamente al complemento mensual si existe base para reclamar también atrasos e indemnización.

8. Conclusión

El complemento de maternidad para hombres se ha convertido en una de las reclamaciones más relevantes en materia de Seguridad Social. Muchos pensionistas varones no reclamaron en su día porque desconocían su derecho o porque el INSS lo denegó aplicando una norma que después fue considerada discriminatoria.

La jurisprudencia europea y española ha permitido corregir esa situación. En los casos del antiguo complemento, pueden reclamarse porcentajes del 5 %, 10 % o 15 % sobre la pensión, con atrasos desde el hecho causante. En los casos en que el INSS obligó al pensionista a acudir al juzgado después de la sentencia europea de 2019, además puede solicitarse una indemnización de 1.800 euros. Y, desde la sentencia europea de 15 de mayo de 2025, también se abre un escenario de revisión para el complemento actual de brecha de género.

Cada expediente exige un estudio individualizado, pero la idea esencial es clara: si un padre pensionista tiene hijos y su pensión fue reconocida desde 2016 en adelante, conviene revisar la resolución. Puede existir un derecho económico no reconocido que todavía sea reclamable.

Resumen práctico

Fuentes normativas y jurisprudenciales consultadas

Artículo 60 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Real Decreto 241/2026, de 25 de marzo, sobre revalorización de pensiones para el ejercicio 2026, artículo 12.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2019, asunto C-450/18.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, 487/2022, de 30 de mayo de 2022, recurso 3192/2021, ECLI: ES:TS:2022:1995.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2023, asunto C-113/22.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, 977/2023, de 15 de noviembre de 2023, recurso 5547/2022, ECLI: ES:TS:2023:4698.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de mayo de 2025, asuntos acumulados C-623/23 y C-626/23.

Información pública de la Seguridad Social sobre el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género.

LA FRONTERA ENTRE LA ESTAFA Y EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Fri, 08 May 2026 13:52:41 GMT

Dolo inicial, engaño bastante y criterios jurisprudenciales en contratos de obra, reformas, compraventas y arrendamientos

BUFETE CATALÁ RUBIO & HENRY
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D. Manuel Catalá Rubio

Abogado – Ilustre Colegio de Abogados de Cuenca nº 1032

I. INTRODUCCIÓN

En la práctica penal diaria resulta frecuente que una controversia nacida en el ámbito contractual llegue al despacho planteada como una posible denuncia por estafa. Ocurre en contratos de obra y reformas, compraventas de vehículos, arrendamientos, compraventas inmobiliarias, encargos profesionales, préstamos entre particulares o entregas de cantidades a cuenta que finalmente no desembocan en el resultado prometido.

La cuestión esencial no consiste en determinar si una de las partes ha incumplido, sino en precisar si ese incumplimiento es un mero conflicto civil o si, desde el inicio de la relación, existió un plan defraudatorio dirigido a obtener un desplazamiento patrimonial mediante engaño. La diferencia es decisiva: el Derecho penal no debe convertirse en una vía de presión para resolver incumplimientos contractuales, pero tampoco puede quedar al margen cuando el contrato es utilizado como instrumento de engaño.

II. MARCO NORMATIVO: EL DELITO DE ESTAFA

El delito de estafa se regula en los artículos 248 y siguientes del Código Penal. El artículo 248 castiga a quienes, con ánimo de lucro, utilizan engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

De esta definición se desprenden los elementos clásicos del tipo penal: existencia de engaño bastante, error en la víctima, acto de disposición patrimonial, perjuicio económico y ánimo de lucro. En el ámbito contractual, el elemento verdaderamente diferenciador es el engaño antecedente o concurrente, es decir, anterior o simultáneo a la celebración del contrato.

Si la voluntad de incumplir surge después, estaremos ordinariamente ante un incumplimiento civil. Si, por el contrario, ya desde el inicio el contrato se utiliza como simple apariencia para obtener dinero, bienes o ventajas patrimoniales sin intención real de cumplir, el conflicto puede adquirir relevancia penal.

III. EL DOLO INICIAL COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR

La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene reiterando que la frontera entre la estafa y el incumplimiento contractual se sitúa en el denominado dolo inicial. No basta con que el contrato se incumpla, ni siquiera con que el incumplimiento sea grave. Es necesario acreditar que, desde el primer momento, el sujeto activo actuó con intención defraudatoria.

En otras palabras, el contrato no es delictivo por fracasar, sino cuando nace viciado por un engaño previo destinado a provocar una disposición patrimonial. La mera insolvencia sobrevenida, la mala gestión, los retrasos, la falta de medios o incluso una actuación empresarial negligente no bastan por sí solos para integrar el delito de estafa.

La STS 327/2025, de 9 de abril, resulta especialmente ilustrativa al confirmar que no se trataba de un simple incumplimiento contractual cuando existía engaño bastante, desplazamiento patrimonial, perjuicio y dolo coetáneo de incumplir al firmar el contrato. La resolución destaca que la ausencia de actos reales de ejecución de lo pactado y la desaparición posterior del acusado podían reforzar la inferencia de que nunca existió verdadera voluntad de cumplir.

IV. ENGAÑO BASTANTE Y CONTRATO CRIMINALIZADO

No todo engaño tiene relevancia penal. El artículo 248 del Código Penal exige que el engaño sea bastante, es decir, idóneo y suficiente para provocar el error de una persona en el contexto concreto en el que se produce la operación.

En los denominados contratos criminalizados, el contrato funciona como una apariencia de normalidad jurídica. Formalmente hay un acuerdo, una entrega de dinero, una prestación prometida o una operación documentada; pero materialmente el negocio encubre una maniobra defraudatoria.

La STS 528/2024, de 5 de junio (ECLI:ES:TS:2024:3122), analizó un supuesto de estafa continuada vinculado a operaciones inmobiliarias en las que se aparentaba solvencia y capacidad de actuación para obtener entregas dinerarias. El Tribunal Supremo confirmó la existencia de engaño bastante y rechazó que los hechos pudieran degradarse a un mero incumplimiento civil.

V. CRITERIOS PRÁCTICOS PARA DISTINGUIR LA VÍA CIVIL Y LA PENAL

Desde la práctica profesional, pueden identificarse varios criterios orientativos. Suele apuntar hacia el ámbito penal la concurrencia de datos como la utilización de documentación falsa, la ocultación deliberada de circunstancias esenciales, la apariencia de solvencia inexistente, la ausencia absoluta de actos de cumplimiento, la captación sucesiva de víctimas con el mismo patrón, la desaparición tras recibir el dinero o la utilización del contrato como simple cobertura formal.

Por el contrario, suelen permanecer en el ámbito civil los supuestos en los que existe una prestación parcial, una ejecución defectuosa, dificultades económicas sobrevenidas, discrepancias sobre calidades, retrasos en la entrega, discusión sobre el precio o controversias interpretativas del contrato.

La clave no está en el resultado final de incumplimiento, sino en la intención inicial y en la realidad del engaño determinante del desplazamiento patrimonial.

VI. CONTRATOS DE OBRA Y REFORMAS

Los contratos de obra y reformas son un terreno especialmente propicio para la confusión entre responsabilidad civil y estafa. La recepción de cantidades a cuenta, la falta de terminación de los trabajos o la ejecución defectuosa no determinan automáticamente la existencia de delito.

Para que exista estafa será necesario acreditar, por ejemplo, que el contratista nunca tuvo estructura real para ejecutar la obra, que captó el dinero con promesas falsas, que presentó presupuestos o documentos engañosos, que abandonó inmediatamente los trabajos sin causa o que repitió el mismo patrón con otros perjudicados.

Si, por el contrario, se realizaron trabajos, aunque fueran deficientes, o existe una controversia técnica sobre calidad, mediciones o precio, la vía adecuada será normalmente la civil, mediante acción de cumplimiento, resolución contractual, reclamación de daños o saneamiento.

VII. COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS Y BIENES DE SEGUNDA MANO

En la compraventa de vehículos usados, la frontera entre vicio oculto civil y estafa penal exige especial cautela. La ocultación de una avería puede dar lugar a acciones civiles de saneamiento; pero podrá tener relevancia penal si se acredita una manipulación consciente y fraudulenta de elementos esenciales, como el kilometraje, la titularidad, la existencia de cargas, la procedencia del vehículo o su estado real.

El elemento decisivo será nuevamente el engaño antecedente. Si el vendedor conocía el defecto esencial, lo ocultó deliberadamente y esa ocultación fue determinante para que el comprador pagara el precio, puede abrirse la vía penal. En cambio, si se discute sobre el alcance de una avería, su origen o su relevancia, la vía civil suele ser más adecuada.

VIII. ARRENDAMIENTOS Y ENTREGA DE CANTIDADES

En materia de arrendamientos, no toda falta de devolución de fianza, retraso en la entrega de llaves o incumplimiento de obligaciones contractuales constituye estafa. La vía penal puede estar justificada cuando se alquila una vivienda inexistente, se ofrece un inmueble sin disponibilidad real, se cobra reserva o fianza por un bien que no se puede arrendar o se suplanta la identidad del propietario.

Por el contrario, las controversias sobre desperfectos, suministros, fianza, renta o resolución anticipada pertenecen ordinariamente al ámbito civil. La denuncia penal debe reservarse para supuestos en los que el arrendamiento haya sido utilizado como instrumento de engaño desde el principio.

IX. ESTRATEGIA PROCESAL PARA EL ABOGADO

Antes de optar por la vía penal conviene analizar la cronología completa del caso. Debe revisarse qué se prometió, qué se documentó, qué se ocultó, qué pagos se hicieron, qué actos de cumplimiento existieron y cuál fue la conducta posterior del presunto autor.

La prueba suele apoyarse en contratos, transferencias, conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, anuncios, presupuestos, informes periciales, testigos y antecedentes de operaciones similares. Para la acusación, el objetivo será demostrar el engaño inicial. Para la defensa, será esencial evidenciar que existió una relación contractual real, actos de cumplimiento o causas sobrevenidas que excluyen el dolo penal.

La acción penal mal planteada puede terminar archivada por considerar el tribunal que el asunto pertenece al orden civil. En cambio, cuando el contrato es una mera apariencia de negocio para obtener dinero, la vía penal resulta plenamente adecuada.

X. CONCLUSIONES

La diferencia entre estafa e incumplimiento contractual no depende de la gravedad del perjuicio ni de la frustración del acreedor, sino de la existencia de un engaño bastante y de un dolo inicial dirigido a provocar un desplazamiento patrimonial.

El contrato incumplido pertenece al Derecho civil; el contrato utilizado como instrumento de engaño pertenece al Derecho penal. Esta distinción, aparentemente sencilla, exige un análisis minucioso de la prueba y de la conducta anterior, simultánea y posterior a la firma del contrato.

Desde la perspectiva del despacho, una correcta calificación inicial evita procedimientos innecesarios, permite elegir la jurisdicción adecuada y mejora notablemente las posibilidades de éxito, tanto en defensa como en acusación particular.

REFERENCIAS NORMATIVAS Y JURISPRUDENCIALES

- Artículos 248 y siguientes del Código Pena

- Artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Crimina

- STS 327/2025, de 9 de abril, Sala Segunda del Tribunal Suprem

- STS 528/2024, de 5 de junio, Sala Segunda del Tribunal Supremo, ECLI:ES:TS:2024:312

- STS 370/2021, de 4 de mayo, Sala Segunda del Tribunal Supremo, citada en resoluciones posteriores sobre engaño bastant

- SSTS 1341/2005, de 18 de noviembre; 162/2018, de 5 de abril; y 580/2018, de 22 de noviembre, sobre negocios jurídicos criminalizados y apariencia contractual.

EL DESPIDO POR DISMINUCIÓN CONTINUADA DEL RENDIMIENTO: REQUISITOS, PRUEBA Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DEL TRIBUNAL SUPREMO

Mon, 27 Apr 2026 07:43:52 GMT

EL DESPIDO POR DISMINUCIÓN CONTINUADA DEL RENDIMIENTO: REQUISITOS, PRUEBA Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DEL TRIBUNAL SUPREMO

BUFETE CATALÁ RUBIO & HENRY
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Tel. 666073313 · Email: manuelcatalarubio@gmail.com

D. Manuel Catalá Rubio
Abogado – Ilustre Colegio de Abogados de Cuenca nº 1032

I. INTRODUCCIÓN

El despido disciplinario por disminución continuada y voluntaria del rendimiento constituye una de las causas más complejas y restrictivas dentro del Derecho del Trabajo. A diferencia de otras causas disciplinarias, su apreciación exige una intensa actividad probatoria por parte del empresario y un riguroso control judicial.

En la práctica forense, gran parte de estos despidos son declarados improcedentes por falta de prueba suficiente o por defectos en la comparación del rendimiento exigible.

II. MARCO NORMATIVO

El artículo 54.2.e) del Estatuto de los Trabajadores establece como causa de despido disciplinario “la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado”.

Este precepto debe interpretarse de forma restrictiva, en consonancia con el principio de estabilidad en el empleo.

III. REQUISITOS JURISPRUDENCIALES

La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

1. Disminución efectiva del rendimiento.
2. Carácter continuado en el tiempo.
3. Voluntariedad del trabajador.
4. Comparación objetiva con el rendimiento normal o pactado.

El Tribunal Supremo ha señalado que no basta con una percepción subjetiva del empresario, sino que deben existir datos objetivos, medibles y verificables.

IV. CARGA DE LA PRUE BA

Conforme a las reglas generales del proceso laboral, corresponde al empresario acreditar:

- El rendimiento exigible.
- La disminución real del trabajador.
- La persistencia en el tiempo.
- La ausencia de causas justificadas.

La prueba suele basarse en:

- Datos de productividad.
- Informes internos.
- Comparativas con otros trabajadores.
- Historial de rendimiento del propio trabajador.

V. CRITERIOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo ha reiterado que:

“La disminución del rendimiento debe ser grave, continuada y voluntaria, y debe acreditarse mediante parámetros objetivos de comparación”.

Asimismo, se exige que la empresa:

- Haya fijado previamente objetivos claros.
- Haya informado al trabajador de su bajo rendimiento.
- Haya dado oportunidad de mejora.

VI. ERRORES FRECUENTES EN LA PRÁCTICA

Entre los errores más habituales destacan:

- Falta de concreción en la carta de despido.
- Ausencia de datos comparativos.
- No acreditar la voluntariedad.
- Confundir bajo rendimiento con falta de medios o mala organización.

VII. CONTROL JUDICI AL

Los tribunales realizan un control especialmente estricto, analizando:

- La proporcionalidad de la medida.
- La suficiencia de la prueba.
- El respeto al principio de causalidad.

En caso de duda, la jurisprudencia suele inclinarse por la declaración de improcedencia.

VIII. CONCLUSIONES

El despido por disminución continuada del rendimiento es una figura válida, pero de aplicación restrictiva. Su éxito depende de una sólida estrategia probatoria y de una correcta fundamentación jurídica.

Desde la práctica profesional, resulta esencial anticipar el control judicial y construir un expediente probatorio robusto antes de adoptar la decisión extintiva.

LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO: LÍMITES, PROCEDIMIENTO Y CONTROL JUDICIAL

Fri, 10 Apr 2026 13:36:29 GMT

I. INTRODUCCIÓN

II. MARCO NORMATIVO

III. REQUISITOS

IV. PROCEDIMIENTO

V. CONTROL JUDICIAL

VI. CONCLUSIONES

La modificación sustancial de condiciones de trabajo constituye una de las herramientas más relevantes del empresario para adaptar la organización productiva a las necesidades cambiantes del mercado. Sin embargo, su ejercicio no es ilimitado, sino que se encuentra sujeto a estrictos requisitos legales y a un control judicial riguroso.

El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores regula esta figura, estableciendo que tendrán la consideración de modificaciones sustanciales aquellas que afecten a materias como la jornada, horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración o funciones.

Para que una modificación sustancial sea válida deben concurrir causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Además, debe seguirse el procedimiento legalmente establecido, diferenciando entre modificaciones individuales y colectivas.

En modificaciones individuales, basta con una notificación con 15 días de antelación. En las colectivas, es necesario un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.

Los tribunales analizan:
- La existencia real de la causa
- La proporcionalidad de la medida
- El respeto al procedimiento

La modificación sustancial es una herramienta legítima, pero su utilización indebida puede dar lugar a su nulidad o improcedencia, con importantes consecuencias económicas para la empresa.

LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE

TRABAJO: LÍMITES, PROCEDIMIENTO Y CONTROL JUDICIAL

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN POR FUNCIONAMIENTO ANORMAL DEL SERVICIO PÚBLICO

Fri, 27 Mar 2026 11:18:38 GMT

I. INTRODUCCIÓN

II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

III. REQUISITOS

IV. FUNCIONAMIENTO NORMAL Y ANORMAL

V. PRUEBA

VI. CUANTIFICACIÓN

VII. PROCEDIMIENTO

VIII. CONCLUSIONES

La responsabilidad patrimonial de la Administración constituye uno de los pilares esenciales del Derecho Administrativo español, configurándose como una garantía para los ciudadanos frente a los daños causados por la actividad pública.

Su fundamento radica en el principio de que los particulares no deben soportar daños que no tengan el deber jurídico de soportar cuando estos sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, ya sea normal o anormal.

Artículo 106.2 de la Constitución Española y artículos 32 a 35 de la Ley 40/2015.

Daño efectivo
Daño evaluable económicamente
Daño individualizado
Nexo causal

Responsabilidad tanto por funcionamiento normal como anormal del servicio público.

Especial relevancia del informe pericial y acreditación del nexo causal.

Daño emergente, lucro cesante y daños morales, siempre debidamente acreditados.

Reclamación administrativa previa y posterior vía contencioso-administrativa.

La responsabilidad patrimonial es un mecanismo clave de protección del ciudadano, pero requiere una sólida estrategia jurídica y probatoria.

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN POR FUNCIONAMIENTO ANORMAL DEL SERVICIO PÚBLICO

Requisitos, prueba del daño y criterios jurisprudenciales actuales

LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE COMISIÓN POR POSICIONES DEUDORAS

Fri, 13 Mar 2026 14:33:56 GMT

LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE COMISIÓN POR POSICIONES DEUDORAS

I. INTRODUCCIÓN

En los contratos bancarios celebrados con consumidores es frecuente la inclusión de cláusulas que prevén el cobro de una comisión por posiciones deudoras o por reclamación de descubierto. Estas cláusulas permiten a la entidad financiera cargar una cantidad fija al cliente cuando se produce un retraso en el pago de cuotas o cuando la cuenta presenta saldo deudor.

Durante años estas comisiones se han aplicado de forma prácticamente automática por parte de las entidades bancarias, generando una intensa litigiosidad. Los tribunales españoles han analizado si dichas cláusulas responden realmente a un servicio prestado o si constituyen un mecanismo de penalización adicional que vulnera la normativa de protección de consumidores.

II. MARCO NORMATIVO

El control de legalidad de estas cláusulas se fundamenta principalmente en:

Artículo 82 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Artículo 87.5 del TRLGDCU.
Artículo 1108 del Código Civil.
Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas.

Estas normas establecen que las cláusulas no negociadas individualmente que generen un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor deben considerarse abusivas y, por tanto, nulas.

III. NATURALEZA DE LA COMISIÓN POR POSICIONES DEUDORAS

Las entidades bancarias justifican la comisión por posiciones deudoras como una contraprestación por el servicio de reclamación de la deuda. Sin embargo, en la práctica se observa que muchas veces:

Se aplica automáticamente.
Tiene un importe fijo.
No existe prueba de una gestión real de reclamación.

Esta situación ha llevado a los tribunales a considerar que muchas de estas comisiones constituyen una penalización encubierta que se suma a los intereses de demora.

IV. DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 566/2019, de 25 de octubre, analizó la comisión por reclamación de posiciones deudoras estableciendo que su validez exige:

Que responda a servicios efectivamente prestados.
Que dichos servicios no estén ya retribuidos por otras comisiones.
Que no se trate de una aplicación automática sin gestión real.

En caso contrario, la cláusula puede considerarse abusiva.

V. CRITERIOS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES

Las Audiencias Provinciales han aplicado de forma generalizada la doctrina del Tribunal Supremo, declarando nulas muchas cláusulas de comisión por posiciones deudoras cuando:

No se acredita una gestión real de reclamación.
La comisión se aplica automáticamente.
Existe duplicidad con intereses de demora.
El importe resulta desproporcionado.

VI. EFECTOS DE LA NULIDAD

Cuando la cláusula es declarada nula, se aplican los efectos del artículo 1303 del Código Civil. En consecuencia, la entidad financiera debe devolver todas las comisiones cobradas indebidamente junto con los intereses legales correspondientes.

Asimismo, cuando la demanda es estimada sustancialmente, suele imponerse condena en costas a la entidad financiera conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

VII. ESTRATEGIA PROCESAL

En la práctica judicial resulta recomendable:

Analizar el contrato bancario.
Aportar extractos que acrediten el cobro de la comisión.
Solicitar la nulidad de la cláusula.
Reclamar la devolución de cantidades.
Solicitar intereses legales y costas.

VIII. CONCLUSIONES

La comisión por posiciones deudoras ha sido una práctica habitual en el sector bancario. No obstante, la jurisprudencia ha establecido que estas comisiones solo son válidas cuando responden a una gestión efectiva de reclamación y no se aplican de forma automática.

Cuando no se acredita dicha gestión, la cláusula debe considerarse abusiva y nula, procediendo la devolución de las cantidades indebidamente cobradas al consumidor.

Control de abusividad, requisitos de validez y jurisprudencia reciente

LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD POR IMPAGOS CONTRACTUALES

Mon, 09 Mar 2026 11:22:29 GMT

LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD POR IMPAGOS CONTRACTUALES

I. INTRODUCCIÓN

La acción de reclamación de cantidad por impagos contractuales constituye una de las acciones más frecuentes en la práctica civil, especialmente en supuestos derivados de contratos de servicios, compraventas, arrendamientos, préstamos privados y relaciones mercantiles continuadas. Su correcta articulación procesal resulta determinante para el éxito de la pretensión, pues no basta con la existencia del crédito, sino que es imprescindible su adecuada acreditación documental y probatoria.

La litigiosidad actual evidencia que muchos procedimientos de reclamación fracasan no por inexistencia de deuda, sino por errores en la elección del procedimiento, deficiencias probatorias o defectos en la fundamentación jurídica.

II. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE CANTIDA

DLa acción de reclamación de cantidad encuentra su base en los artículos 1091 y 1101 del Código Civil, que consagran el principio de fuerza obligatoria de los contratos y la responsabilidad por incumplimiento.

El artículo 1091 CC establece que: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos.

”Por su parte, el artículo 1101 CC dispone que quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios quienes, en el cumplimiento de sus obligaciones, incurran en dolo, negligencia o morosidad.

Asimismo, resulta esencial el artículo 1258 CC, que impone el cumplimiento conforme a la buena fe contractual, y el artículo 1100 CC, relativo a la mora del deudor.

III. ELECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIA

LUno de los aspectos clave en las reclamaciones de cantidad es la correcta elección del procedimiento:

1. Procedimiento Monitorio (arts. 812 y ss. LEC)

Procede cuando la deuda sea:

Dineraria

Líquida

Determinada

Vencida y exigible

Y esté acreditada documentalmente.

El Tribunal Supremo ha señalado que el proceso monitorio es un mecanismo idóneo para la tutela rápida del crédito cuando existe soporte documental suficiente.

2. Juicio Verbal (art. 250 LEC)

Aplicable cuando la cuantía no supera los 15.000 euros o cuando la materia así lo determine.

3. Juicio Ordinario (art. 249 LEC)

Procede cuando:

La cuantía supera los 15.000 euros

Existe complejidad probatoria

Se prevé oposición fundada del demandado

La correcta elección evita dilaciones indebidas y nulidades procesales.

IV. CARGA DE LA PRUEBA EN LAS RECLAMACIONES DE CANTIDA
DEl artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su pretensión.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que en las reclamaciones de cantidad el demandante debe acreditar:

La existencia del contrato o relación obligacional

La prestación realizada

El impago de la deuda

La cuantía exacta reclamada

La STS de 18 de julio de 2018 recuerda que la carga probatoria no puede invertirse por la mera pasividad del deudor, siendo imprescindible una prueba documental sólida.

V. MEDIOS DE PRUEBA MÁS EFICACES

En la práctica judicial, los medios probatorios más determinantes son:

Contratos firmados

Facturas emitidas y aceptadas

Correos electrónicos y comunicaciones

Transferencias bancarias

Reconocimientos de deuda

Testificales complementarias

Informes periciales contables (en reclamaciones complejas)

La jurisprudencia admite plenamente la validez de la prueba documental electrónica cuando se acredita su autenticidad y trazabilidad.

VI. ERRORES FRECUENTES EN LA PRÁCTICA FORENSE

Entre los errores más habituales en reclamaciones de cantidad destacan:

Reclamar sin documentación suficiente

No acreditar la exigibilidad de la deuda

Error en la cuantificación del importe reclamado

No incluir intereses legales o moratorios

Elegir incorrectamente el procedimiento

Falta de requerimiento previo (relevante a efectos de costas)

La STS de 20 de enero de 2020 subraya la importancia de la coherencia entre la documental aportada y la cuantía reclamada.

VII. INTERESES Y EFECTOS DE LA MORA

El artículo 1108 CC establece que, si la obligación consiste en el pago de una suma de dinero y el deudor incurre en mora, deberá abonar los intereses legales.

Asimismo, cuando existe pacto contractual, serán aplicables los intereses moratorios pactados, siempre que no resulten abusivos en el ámbito de consumidores.

La mora se produce desde la reclamación judicial o extrajudicial fehaciente, siendo recomendable el uso de burofax o requerimiento formal previo.

VIII. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL RELEVANTE

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha consolidado varios criterios esenciales:

La deuda debe ser cierta, líquida y exigible

La prueba documental tiene especial valor en reclamaciones dinerarias

La oposición genérica del deudor no desvirtúa el crédito acreditado documentalmente

La STS de 23 de julio de 2020 refuerza la exigencia de prueba suficiente del crédito y rechaza las meras alegaciones sin soporte documental.

IX. CONCLUSIONES

La acción de reclamación de cantidad constituye un instrumento esencial para la tutela judicial efectiva del crédito. Sin embargo, su éxito depende en gran medida de la correcta estrategia procesal, la solidez probatoria y la adecuada fundamentación jurídica.

Desde la práctica profesional, resulta imprescindible:

Preparar exhaustivamente la documental

Cuantificar correctamente la deuda

Elegir el procedimiento idóneo

Formular un requerimiento previo fehaciente

Una reclamación bien estructurada no solo incrementa las posibilidades de estimación íntegra de la demanda, sino que también favorece la condena en costas, optimizando la defensa de los intereses del cliente.

LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE GASTOS HIPOTECARIOS Y LA RECLAMACIÓN DE CANTIDADES ABONADAS INDEBIDAMENTE

Fri, 27 Feb 2026 15:25:47 GMT

(Evolución jurisprudencial, restitución, prescripción e intereses)

I. INTRODU CCIÓN

La nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios se ha consolidado como una de las materias más relevantes del Derecho de consumo bancario en España. Durante años, las entidades financieras impusieron al prestatario consumidor la totalidad de los gastos derivados de la constitución del préstamo hipotecario mediante cláusulas predispuestas no negociadas individualmente.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado reiteradamente el carácter abusivo de dichas cláusulas, fijando criterios claros sobre nulidad, restitución de cantidades, intereses y costas.

II. MARCO NORMATIVO

La base jurídica principal se encuentra en:

- Artículos 80, 82 y 89 del TRLGDCU.

- Artículo 1303 del Código Civil.

- Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas.

El artículo 82 TRLGDCU considera abusivas las cláusulas no negociadas que causen un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor.

III. DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO

La STS 705/2015, de 23 de diciembre, declaró abusiva la cláusula que imponía al prestatario todos los gastos hipotecarios. Posteriormente, la STS 44/2019, de 23 de enero, concretó el reparto de gastos tras la nulidad de la cláusula.

IV. EFECTOS DE LA NULIDAD Y RESTITUCIÓN DE CANTIDADES

Conforme al artículo 1303 del Código Civil, declarada la nulidad, las partes deben restituirse recíprocamente las prestaciones. En materia de gastos hipotecarios, ello implica la devolución de las cantidades indebidamente abonadas por el consumidor junto con los intereses legales correspondientes.

V. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE RESTITUCIÓN

Tras la reforma del artículo 1964 del Código Civil, el plazo general de las acciones personales es de cinco años, siendo determinante la fijación del dies a quo conforme al conocimiento del carácter abusivo de la cláusula.

VI. INTERESES LEGALES Y COSTAS

El artículo 1108 del Código Civil permite reclamar intereses legales desde el pago indebido. Asimismo, conforme al artículo 394 de la LEC, procede la condena en costas cuando existe estimación sustancial frente a la entidad financiera.

VII. ESTRATEGIA PROCESAL

Resulta esencial en la práctica profesional:

- Aportar escritura de préstamo hipotecario.

- Facturas de notaría, registro, gestoría y tasación.

- Reclamación extrajudicial previa.

- Cuantificación correcta de cantidades.

- Solicitud expresa de intereses y costas.

VIII. CONCLUSIONES

La nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios constituye hoy una doctrina consolidada del Tribunal Supremo y del TJUE. Su aplicación práctica permite restablecer el equilibrio contractual, garantizar la protección del consumidor y obtener la restitución íntegra de las cantidades indebidamente abonadas.

La prueba indiciaria en el proceso penal: requisitos, valoración judicial y límites constitucionales

Fri, 30 Jan 2026 15:36:51 GMT

I. INTRODUCCIÓN

En el proceso penal es frecuente que los hechos no puedan acreditarse mediante prueba directa, especialmente en determinados delitos patrimoniales, económicos o cometidos en ámbitos de intimidad. En estos supuestos, la condena puede basarse en prueba indiciaria, siempre que se respeten estrictamente los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo.

La prueba indiciaria no constituye una prueba de menor valor, pero sí exige un control reforzado, pues afecta de manera directa al derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española.

II. CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LA PRUEBA INDICIARIA

La prueba indiciaria consiste en la acreditación de hechos base o indicios plenamente probados, a partir de los cuales el órgano judicial infiere, mediante un razonamiento lógico y racional, el hecho principal constitutivo del delito.

Su fundamento jurídico se encuentra en:

El artículo 24.2 CE (presunción de inocencia).
El artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye al tribunal la valoración conjunta de la prueba practicada en juicio.
La doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

III. DOCTRINA CONSTITUCIONAL: REQUISITOS DE LA PRUEBA INDICIARIA

La STC 174/1985, de 17 de diciembre, constituye el punto de partida de la doctrina constitucional sobre la prueba indiciaria. En ella se establecen los requisitos imprescindibles para que una condena basada en indicios sea compatible con la presunción de inocencia:

Existencia de hechos base plenamente probados, mediante prueba lícita y practicada con contradicción.
Pluralidad de indicios, salvo que uno solo tenga una fuerza acreditativa excepcional.
Razonamiento lógico y explícito, que permita explicar el paso de los indicios al hecho probado.
Inferencia razonable, conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y el criterio humano.

El Tribunal Constitucional ha reiterado que no basta con meras sospechas o conjeturas, siendo imprescindible una motivación reforzada en la sentencia.

IV. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo ha desarrollado y concretado esta doctrina de forma constante.

La STS 300/2015, de 19 de mayo, señala que la prueba indiciaria es plenamente válida siempre que:

Los indicios estén acreditados más allá de toda duda razonable.
El razonamiento inferencial sea expreso, no implícito.
Se excluyan hipótesis alternativas razonables favorables al acusado.

Por su parte, la STS 229/2021, de 11 de marzo, recuerda que la prueba indiciaria no puede suplir la falta de prueba, ni servir para invertir la carga probatoria, debiendo descartarse cuando el relato acusatorio se sostiene sobre presunciones débiles o ambiguas.

V. CONTROL EN SEGUNDA INSTANCIA Y CASACIÓN

La valoración de la prueba corresponde, con carácter general, al tribunal de instancia. No obstante, cuando la condena se basa en prueba indiciaria, el control en apelación y casación resulta especialmente relevante.

El Tribunal Supremo ha admitido que puede revisarse:

La existencia real de los indicios.
La racionalidad del razonamiento inferencial.
La suficiencia de la motivación.

La ausencia de motivación o la existencia de inferencias arbitrarias constituye una vulneración del artículo 24 CE, determinando la absolución del acusado.

VI. APLICACIÓN PRÁCTICA Y ESTRATEGIA PROCESAL

Desde la práctica forense, la prueba indiciaria exige una estrategia diferenciada:

Para la acusación, resulta imprescindible construir un relato coherente, con indicios sólidos, plurales y bien enlazados.
Para la defensa, el eje fundamental radica en:
Cuestionar la acreditación de los hechos base.
Introducir explicaciones alternativas razonables.
Denunciar inferencias ilógicas o insuficientemente motivadas.

La experiencia judicial demuestra que muchas condenas basadas en indicios son revocadas por déficits argumentativos, más que por la inexistencia de hechos sospechosos.

VII. CONCLUSIONES

La prueba indiciaria constituye un instrumento legítimo y necesario en el proceso penal, pero su utilización exige un rigor extremo. La jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo ha establecido límites claros para evitar condenas basadas en meras sospechas.

El respeto a la presunción de inocencia obliga a que la inferencia sea lógica, razonada y explícita, siendo nula cualquier condena que no supere este estándar. Desde la práctica profesional, el correcto manejo de la prueba indiciaria resulta decisivo tanto en la acusación como en la defensa penal.

DESPIDO DISCIPLINARIO

Fri, 02 Jan 2026 09:59:08 GMT

Requisitos formales, carga de la prueba y principio de proporcionalidad en la jurisprudencia reciente

BUFETE CATALÁ RUBIO & HENRY

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D. Manuel Catalá Rubio

Abogado – Ilustre Colegio de Abogados de Cuenca nº 1032

I. INTRODUCCIÓN
El despido disciplinario constituye la máxima sanción que el empresario puede imponer al trabajador dentro del ejercicio de su poder disciplinario. Precisamente por su gravedad y por las consecuencias personales y económicas que comporta, el ordenamiento jurídico laboral exige el cumplimiento estricto de una serie de requisitos formales y materiales, cuya inobservancia determina, en la mayoría de los casos, la declaración de improcedencia o nulidad del despido.
La experiencia forense demuestra que una parte muy relevante de los despidos disciplinarios no fracasa por inexistencia de conducta reprochable, sino por defectos en la carta de despido, insuficiencia probatoria o quebranto del principio de proporcionalidad, aspectos todos ellos objeto de un control judicial riguroso.

II. MARCO NORMATIVO
El despido disciplinario se regula en los artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores.
El artículo 54 ET enumera las conductas susceptibles de justificar el despido, entre las que destacan:

Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad.
La indisciplina o desobediencia.
La transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza.
La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo.
El acoso laboral o conductas discriminatorias.
Por su parte, el artículo 55 ET establece los requisitos formales, exigiendo:
Comunicación escrita.
Descripción clara y concreta de los hechos imputados.
Indicación de la fecha de efectos del despido.

III. REQUISITOS FORMALES: LA CARTA DE DESPIDO
La carta de despido es un elemento esencial y no meramente formal. El Tribunal Supremo ha reiterado que cumple una doble función:

Informar al trabajador de los hechos que se le imputan.
Delimitar el objeto del proceso judicial.
La STS de 18 de julio de 2023 declaró improcedente un despido por falta de concreción fáctica, al limitarse la empresa a imputaciones genéricas sin fechas, circunstancias ni hechos concretos. La Sala recuerda que no cabe completar ni corregir en juicio una carta defectuosa.
La omisión de datos esenciales impide al trabajador ejercer adecuadamente su derecho de defensa y determina, sin excepción, la improcedencia del despido.

IV. CARGA DE LA PRUEBA
Conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable supletoriamente en el orden social, corresponde al empresario acreditar:

La realidad de los hechos imputados.
Su gravedad suficiente.
Su imputabilidad al trabajador.
La STS 367/2022 subraya que no basta con meras sospechas o percepciones subjetivas, siendo necesaria una prueba lícita, suficiente y coherente, especialmente en supuestos como:
Bajo rendimiento.
Pérdida de confianza.
Incumplimientos reiterados no documentados.
Los tribunales valoran con especial cautela las pruebas digitales, exigiendo respeto a la intimidad y proporcionalidad en su obtención.

V. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
Incluso cuando los hechos quedan acreditados, el órgano judicial analiza si la sanción de despido resulta proporcionada.
El principio de proporcionalidad exige ponderar:

La gravedad objetiva de la conducta.
La intencionalidad.
La reiteración.
La antigüedad y circunstancias personales del trabajador.
La STS de 29 de marzo de 2023 recuerda que el despido disciplinario debe reservarse para los incumplimientos más graves, siendo improcedente cuando existen sanciones menos severas adecuadas al caso concreto.

VI. CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA O NULIDAD
La declaración de improcedencia obliga a la empresa a optar entre:

La readmisión del trabajador.
El abono de la indemnización legal correspondiente.
La nulidad, por su parte, conlleva la readmisión obligatoria y el abono de salarios de tramitación, y se produce cuando el despido vulnera derechos fundamentales o garantías especiales.

VII. CONCLUSIONES
El despido disciplinario es una institución de aplicación restrictiva. La correcta redacción de la carta, una estrategia probatoria sólida y el respeto al principio de proporcionalidad son determinantes para su validez.
Desde una perspectiva profesional, resulta imprescindible un análisis previo riguroso antes de acudir a esta vía extintiva, evitando decisiones precipitadas que terminan siendo corregidas por los tribunales.

El control de transparencia en las cláusulas suelo

Fri, 19 Dec 2025 12:32:54 GMT

I. INTRODUCCIÓN

Las denominadas cláusulas suelo, incorporadas de forma generalizada en contratos de préstamo hipotecario a interés variable, han sido objeto de un intenso control judicial durante la última década. La controversia no se ha centrado tanto en su licitud abstracta como en la falta de transparencia con la que fueron incorporadas a contratos de adhesión celebrados con consumidores.

El punto de inflexión lo marca la Sentencia del Tribunal Supremo 241/2013, de 9 de mayo, que introduce en nuestro ordenamiento el denominado control de transparencia material, configurándolo como un estándar autónomo y reforzado respecto del mero control de incorporación.

II. MARCO NORMATIVO

El control de transparencia encuentra su fundamento en los artículos 80 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que exigen que las cláusulas no negociadas individualmente sean claras, comprensibles y accesibles.

Resulta igualmente aplicable la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, así como la Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, vigente en el momento de la contratación de la mayoría de los préstamos hipotecarios afectados.

III. LA STS 241/2013, DE 9 DE MAYO

La STS 241/2013 (ECLI:ES:TS:2013:241) declaró la nulidad de diversas cláusulas suelo no por su contenido, sino por la falta de transparencia en su incorporación. El Tribunal Supremo afirmó que el consumidor no pudo conocer con claridad que la cláusula suelo definía un elemento esencial del contrato ni que impedía beneficiarse de las bajadas del índice de referencia.

El Alto Tribunal estableció que la transparencia exige algo más que la mera claridad gramatical: es necesario que el consumidor comprenda la carga económica real del contrato y el funcionamiento jurídico de la cláusula.

IV. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR

La doctrina iniciada en 2013 ha sido consolidada posteriormente. La STS 367/2022, de 4 de mayo (ECLI:ES:TS:2022:367) reiteró que la información precontractual es decisiva para superar el control de transparencia, destacando la necesidad de simulaciones de escenarios y explicaciones claras sobre el impacto económico de la cláusula suelo.

En el ámbito europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-125/18 (Kiss), reforzó este criterio al declarar que el consumidor debe poder evaluar las consecuencias económicas potencialmente significativas derivadas de la aplicación de la cláusula.

V. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD

La declaración de nulidad por falta de transparencia comporta la expulsión de la cláusula del contrato y la restitución íntegra de las cantidades indebidamente cobradas.

Tras la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016 (asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15), se impuso la retroactividad total de los efectos restitutorios. Resulta plenamente aplicable el artículo 1303 del Código Civil, debiendo devolverse las cantidades abonadas junto con los intereses legales desde cada pago.

VI. CONCLUSIONES

El control de transparencia de las cláusulas suelo constituye uno de los avances más relevantes en la protección del consumidor bancario. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TJUE ha configurado un estándar exigente que obliga a las entidades financieras a proporcionar información clara, comprensible y suficiente.

En ausencia de dicha transparencia, la cláusula debe considerarse nula, con plenos efectos restitutorios, doctrina que continúa plenamente vigente y aplicable a numerosos contratos hipotecarios.

La estafa en contratos de arrendamiento y compraventa: criterios para diferenciar el incumplimiento civil del ilícito penal

Fri, 05 Dec 2025 11:14:06 GMT

I. INTRODUCCIÓN En la práctica diaria de los despachos de abogados, uno de los conflictos más habituales surge cuando una de las partes considera que un incumplimiento contractual —en un arrendamiento o en una compraventa— no es un mero desacuerdo civil, sino un auténtico delito de estafa. La dificultad reside en distinguir cuándo estamos ante una controversia contractual propia de la jurisdicción civil, y cuándo concurre el engaño bastante propio del tipo penal del artículo 248 del Código Penal.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido perfilando esta frontera, insistiendo en que no todo incumplimiento contractual es constitutivo de delito, y que para hablar de estafa debe existir dolo inicial.

II. MARCO NORMATIVO El artículo 248 del Código Penal establece que comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño bastante para provocar un error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno.

En el ámbito civil, los incumplimientos contractuales se analizan conforme a los artículos 1101 y siguientes del Código Civil, que establecen la responsabilidad por dolo, culpa o negligencia.

III. LA LÍNEA DIVISORIA: CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

STS 587/2020, de 17 de noviembre (ECLI:ES:TS:2020:587) El Tribunal Supremo subraya que: “No existe delito de estafa si el incumplimiento deriva de circunstancias posteriores a la celebración del contrato y no se acredita un engaño antecedente y bastante.”

SAP Cuenca 42/2024 (ECLI:ES:APCU:2024:42) Confirma la absolución en un arrendamiento en el que el arrendador no devolvió la fianza. Concluye: “La conducta del arrendador, aunque reprochable civilmente, no evidencia un propósito inicial de engañar.”

IV. APLICACIÓN PRÁCTICA EN ARRENDAMIENTOS Puede existir estafa cuando: - Se alquila una vivienda inexistente o ya arrendada. - Se falsifica documentación para aparentar solvencia. - Se ocultan defectos graves que impiden la habitabilidad.

Es conflicto civil cuando: - Hay retrasos en el pago. - No se devuelve la fianza. - Hay discrepancias sobre reparaciones.

V. APLICACIÓN PRÁCTICA EN COMPRAVENTAS Puede existir estafa

cuando: - Se ocultan deliberadamente defectos estructurales graves. - Se anuncian características falsas. - Se cobra el precio y no se entrega el bien.

Es civil cuando: - Hay defectos no esenciales. - El vendedor incumple plazos de buena fe. - Se discute sobre el contrato.

VI. ORIENTACIÓN PROFESIONAL Debe analizarse: 1. La cronología. 2. La intención. 3. La prueba disponible. 4. El perjuicio económico.

VII. CONCLUSIÓN La diferencia entre incumplimiento civil y delito de estafa depende de la existencia de dolo inicial y engaño bastante. Una correcta calificación evita procesos penales innecesarios y permite dirigir el asunto al orden jurisdiccional adecuado.

La compraventa de vehículos de segunda mano con vicios ocultos: responsabilidad del vendedor y protección del comprador

Fri, 07 Nov 2025 10:06:20 GMT

La compraventa de vehículos de segunda mano con vicios ocultos: responsabilidad del vendedor y protección del comprador

I. INTRODUCCIÓN

La compraventa de vehículos usados representa uno de los ámbitos más conflictivos del tráfico jurídico ordinario. La combinación de un bien de uso prolongado, el desconocimiento técnico del comprador y la posible ocultación de defectos por parte del vendedor convierte este contrato en un terreno fértil para los litigios basados en vicios ocultos.

La normativa aplicable se asienta principalmente en el Código Civil (arts. 1484 a 1490), complementado por el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), en los casos en que el vendedor actúe en el ámbito de su actividad profesional o empresarial.

II. MARCO NORMATIVO

1. Código Civil

El artículo 1484 del Código Civil establece que el vendedor responde al comprador de los vicios o defectos ocultos que tuviera la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría pagado menos precio.

El artículo 1486 permite al comprador optar entre dos remedios: la acción redhibitoria, que conlleva la resolución del contrato y devolución del precio; o la acción quanti minoris, que implica una rebaja proporcional del precio. El plazo para el ejercicio de estas acciones es de seis meses desde la entrega del bien (art. 1490 CC), si bien la jurisprudencia admite la interrupción del cómputo por reclamación extrajudicial documentada.

2. TRLGDCU

En caso de que el vendedor sea un profesional o empresa, resulta aplicable el régimen de conformidad del bien con el contrato (arts. 114 y ss. TRLGDCU). En este ámbito, el comprador dispone de tres años de garantía legal (reforma 2021), lo que desplaza la aplicación de los artículos 1484 y siguientes del Código Civil.

III. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RECIENTES

1. STS 492/2022, de 22 de junio (ECLI:ES:TS:2022:2478)

El Tribunal Supremo reiteró que la ocultación de averías graves en elementos esenciales del vehículo (motor, caja de cambios, chasis) constituye vicio oculto, aunque el vehículo sea de segunda mano. La buena fe del vendedor exige comunicar cualquier anomalía conocida que afecte al funcionamiento normal del bien.

2. SAP Cuenca 115/2023, de 17 de marzo (ECLI:ES:APS:2023:115)

La Audiencia Provincial estimó la acción quanti minoris, reduciendo el precio del vehículo en proporción al coste de reparación de los defectos detectados tras la compra. Se enfatizó la obligación del comprador de acreditar el vicio mediante informe pericial, así como la existencia del defecto al tiempo de la venta.

3. STS 343/2021, de 6 de mayo (ECLI:ES:TS:2021:1732)

La Sala Primera subrayó que la condición de vehículo de segunda mano no exonera al vendedor de su deber de responder por defectos ocultos, y rechazó la cláusula contractual genérica que pretendía excluir toda garantía. Dicha cláusula fue considerada nula por contravenir el art. 1485 CC y los principios de equidad contractual.

IV. ELEMENTOS CLAVE PARA EL ÉXITO DE LA ACCIÓN

Carácter oculto del defecto: el vicio no debe ser manifiesto ni fácilmente detectable por un comprador medio.
Existencia anterior a la venta: el defecto debe haber estado presente al tiempo de perfeccionarse el contrato.
Prueba pericial técnica: los tribunales exigen un informe mecánico o pericial que vincule el defecto con el momento de la transmisión.
Reclamación en plazo: el comprador debe actuar dentro de los seis meses o, si aplica el TRLGDCU, dentro del periodo de garantía.

V. ESTRATEGIA PROCESAL Y RECOMENDACIONES

Desde la práctica forense, se aconseja documentar exhaustivamente el estado del vehículo mediante fotografías, facturas y diagnósticos previos. Reclamar extrajudicialmente al vendedor dentro del plazo legal, detallando los vicios detectados. Solicitar informe pericial antes de interponer la demanda. En caso de consumidor frente a profesional, invocar la garantía de conformidad para ampliar el margen temporal de protección.

VI. CONCLUSIONES

La protección del comprador en la compraventa de vehículos de segunda mano continúa siendo un espacio de tensión entre la libertad contractual y el principio de buena fe. La jurisprudencia actual consolida una posición de equilibrio, reconociendo derechos reales al comprador sin desnaturalizar el mercado de usados. El Bufete Catalá Rubio & Henry recomienda mantener una línea preventiva en la redacción de contratos, garantizando transparencia y cláusulas de revisión mecánica previa, como vía eficaz para minimizar litigios.

Es Justicia.

El despido por causas económicas en tiempos de inteligencia artificial: análisis del nuevo criterio del TSJ

Fri, 24 Oct 2025 12:32:38 GMT

El despido por causas económicas en tiempos de inteligencia artificial: análisis del nuevo criterio del TSJ

I. INTRODUCCIÓN La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en los procesos productivos ha transformado el panorama laboral. La automatización, el análisis predictivo y la gestión algorítmica de recursos humanos plantean nuevos retos en materia de despidos por causas económicas y organizativas. El debate actual gira en torno a la legitimidad de las decisiones empresariales basadas, total o parcialmente, en sistemas automatizados.

II. MARCO NORMATIVO Los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores (ET) regulan el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. A su vez, el artículo 35 de la Constitución Española garantiza el derecho al trabajo, mientras que el artículo 38 CE consagra la libertad de empresa. La tensión entre ambos principios se agudiza en el contexto de la digitalización.

En el plano europeo, la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes refuerza el deber de información sobre los criterios automatizados que afectan a la relación laboral. Asimismo, el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la futura Ley de Inteligencia Artificial de la UE establecen obligaciones de transparencia y supervisión humana.

III. JURISPRUDENCIA RECIENTE

1. STSJ Madrid 451/2024 (ECLI:ES:TSJM:2024:451) El Tribunal Superior de Justicia de Madrid analizó un despido colectivo fundamentado en la automatización de procesos logísticos mediante IA. La sentencia subraya que “la mera sustitución de trabajadores por sistemas automatizados no constituye causa económica suficiente si no se acredita una situación negativa o de pérdidas persistentes”. Se exige, por tanto, que la empresa justifique de forma detallada el nexo causal entre la innovación tecnológica y la necesidad objetiva del despido.

2. TJUE, Asunto C‑356/23 (Sentencia de 22 de febrero de 2024) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea abordó la cuestión del control judicial sobre decisiones empresariales basadas en algoritmos. El TJUE sostuvo que “los trabajadores tienen derecho a ser informados sobre los parámetros esenciales de cualquier decisión automatizada que afecte significativamente a su empleo”. Este pronunciamiento consolida la exigencia de transparencia y la carga probatoria empresarial.

IV. CONTROL JUDICIAL DE LOS ALGORITMOS EN LAS DECISIONES DE DESPIDO El principio de transparencia impone a las empresas el deber de explicar el funcionamiento y la lógica de los sistemas automatizados utilizados en la gestión laboral. Los tribunales españoles comienzan a requerir periciales técnicas para determinar si la decisión de despido derivó efectivamente de criterios económicos objetivos o de sesgos algorítmicos.

El artículo 96 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) atribuye la carga de la prueba al empresario, de modo que corresponde a éste acreditar la existencia real de la causa alegada. Cuando el algoritmo interviene en la decisión, la empresa debe demostrar la neutralidad del sistema y la ausencia de discriminación indirecta.

V. PROPORCIONALIDAD Y MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN EMPRESARIAL El principio de proporcionalidad, derivado del artículo 55.4 ET, exige que la medida extintiva sea adecuada, necesaria y equilibrada en relación con la causa invocada. La STS 468/2024, de 28 de febrero (ECLI:ES:TS:2024:789), recuerda que “la reorganización empresarial no puede convertirse en un instrumento de ajuste de plantilla encubierto”.

En este contexto, la motivación adquiere especial relevancia: la empresa debe documentar de manera clara la incidencia económica concreta que justifica el despido, y no limitarse a invocar una “transformación tecnológica general”.

VI. DOCTRINA JURÍDICA APLICABLE La doctrina laboralista coincide en que la IA introduce una nueva dimensión en el análisis causal del despido.

Autores como Baylos Grau y Pérez Amorós sostienen que el principio de buena fe contractual obliga al empresario a evaluar alternativas menos lesivas antes de proceder al despido por motivos tecnológicos. Asimismo, la OIT advierte que la automatización no puede ser utilizada como pretexto

para erosionar derechos laborales consolidados.

VII. CONCLUSIONES La inteligencia artificial está redefiniendo los parámetros del despido por causas económicas. La jurisprudencia reciente refuerza el control judicial sobre la realidad y proporcionalidad de las causas alegadas. La sustitución tecnológica, por sí sola, no basta: se requiere una justificación económica objetiva, transparente y verificable. Los tribunales españoles, en consonancia con el TJUE, avanzan hacia un modelo de tutela reforzada que compatibiliza innovación y derechos fundamentales del

trabajador.

La ejecución forzosa de sentencias en el orden contencioso-administrativo: doctrina, jurisprudencia y límites materiales

Tue, 14 Oct 2025 09:03:21 GMT

I. INTRODUCCIÓN La ejecución de sentencias constituye la culminación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española. No basta con obtener una sentencia favorable: su cumplimiento efectivo por la Administración es un presupuesto esencial del Estado de Derecho.

II. MARCO NORMATIVO El régimen jurídico de la ejecución en el orden contencioso-administrativo se regula en los artículos 103 a 108 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (LJCA). Estos preceptos atribuyen al órgano jurisdiccional que conoció del asunto la competencia exclusiva para ejecutar sus resoluciones, garantizando que la Administración no se sustraiga al cumplimiento de la sentencia bajo excusas de oportunidad o conveniencia.

El artículo 103 LJCA establece que “corresponde al órgano jurisdiccional velar por el exacto cumplimiento de lo juzgado y resuelto”. El artículo 105 permite imponer multas coercitivas de entre 150 y 1.500 euros a las autoridades y empleados responsables del incumplimiento, reiterables hasta la completa ejecución. El artículo 108 prevé el incidente de imposibilidad material o legal de ejecución, que debe interpretarse restrictivamente.

III. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL RECIENTE 1. STS 162/2022, de 9 de febrero (ECLI:ES:TS:2022:481) En el conocido caso de la Isla de Valdecañas, el Tribunal Supremo declaró que “no concurren causas que justifiquen la imposibilidad material de ejecución de la sentencia”, ordenando la demolición integral. La resolución reafirma que la eficacia de las sentencias no puede subordinarse a consideraciones económicas o políticas.

2. STS 1084/2022, de 15 de julio (ECLI:ES:TS:2022:2866) El Tribunal afirmó que “la Administración no puede alterar el fallo mediante la modificación del planeamiento urbanístico”, puesto que ello equivaldría a dejar sin efecto la sentencia firme. Se rechaza así la práctica de dictar normas ad hoc para eludir la ejecución.

3. STS, 8 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:860) Reitera que el cauce del artículo 29 LJCA es el idóneo para exigir la ejecución cuando la Administración incumple su deber jurídico concreto de actuar, abriendo la vía al recurso por inactividad para compelir el cumplimiento.

IV. MEDIDAS COERCITIVAS Y SUSTITUCIÓN JUDICIAL El órgano judicial puede imponer multas coercitivas, requerir la colaboración de otras Administraciones o incluso ejecutar por sustitución. El artículo 105 LJCA legitima al tribunal para ejecutar materialmente la sentencia en caso de resistencia injustificada. La finalidad es garantizar que ninguna Administración quede al margen del control jurisdiccional.

V. IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y SUS LÍMITES La invocación de la imposibilidad material o legal no puede servir de excusa para eludir la ejecución. La jurisprudencia exige acreditar una imposibilidad objetiva, sobrevenida y plenamente justificada. El elevado coste económico, la presión social o la complejidad técnica no bastan para eximir del cumplimiento.

El Tribunal Supremo insiste en que la interpretación de esta excepción debe ser restrictiva, pues lo contrario vaciaría de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

VI. DOCTRINA JURÍDICA APLICABLE La doctrina destaca que la ejecución de sentencias en el orden contencioso es el último eslabón del control judicial sobre la Administración, reflejo de los principios de legalidad, eficacia y jerarquía normativa (art. 103 CE). Su incumplimiento constituye una infracción grave del deber de colaboración con la justicia.

VII. CONCLUSIONES La ejecución forzosa de sentencias garantiza la supremacía del poder judicial frente a la Administración. Los tribunales disponen de mecanismos eficaces —multas coercitivas, sustitución judicial, recurso por inactividad— para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. La jurisprudencia más reciente refuerza la idea de que la ejecución no es una opción, sino una obligación ineludible que preserva el núcleo del Estado de Derecho.

Responsabilidad patrimonial de la Administración por inactividad urbanística

Fri, 26 Sep 2025 14:32:57 GMT

La falta de actuación de las Administraciones en materia de disciplina urbanística, especialmente cuando existen resoluciones firmes de restauración de la legalidad, puede generar responsabilidad patrimonial si se acredita un daño efectivo y antijurídico.

I. Marco normativo - Art. 29 LJCA: permite interponer recurso contencioso-administrativo frente a la inactividad de la Administración. - Art. 32 LJCA: regula la responsabilidad patrimonial de las Administraciones por daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. - Arts. 108 y ss. TRLSRU: obligan a las Administraciones a adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística. - Art. 67 Ley 39/2015: plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial: un año desde que se produzca el hecho o desde que se manifieste su efecto lesivo.

II. Procedimiento 1. Requerimiento previo a la Administración para que ejecute la resolución o actúe en disciplina urbanística. 2. Si no actúa en plazo, recurso por inactividad ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 29 LJCA). 3. Si del incumplimiento resulta un daño, puede interponerse reclamación de responsabilidad patrimonial y, en su caso, demanda contenciosa (art. 32 LJCA).

III. Jurisprudencia relevante STS, 8 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:860): “El cauce del art. 29 LJCA es el idóneo para obligar a la Administración a actuar cuando existe un deber legal expreso de hacerlo.”

STS 162/2022, de 9 de febrero (ECLI:ES:TS:2022:481): “No concurren causas que justifiquen la imposibilidad material de ejecución”, ordenando la demolición en el caso de la Isla de Valdecañas.

STS 1160/2021, de 22 de septiembre (RJ 2021/4449): “El dies a quo del plazo de prescripción de la responsabilidad patrimonial derivada de la nulidad de licencia con demolición deberá atender a las circunstancias del caso, especialmente a la notificación y conocimiento del interesado.”

STS, 23 de diciembre de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:4850): “A efectos de caducidad, es suficiente y bastante un único intento de notificación dentro del plazo máximo, siempre que cumpla los requisitos legales.”

IV. Requisitos para indemnización - Daño efectivo, evaluable e individualizado. - Antijuridicidad: que el administrado no tenga el deber de soportarlo. - Nexo causal entre la inactividad y el daño. - Reclamación dentro de plazo (1 año desde manifestación del daño).

V. Doctrina Jurídica Aplicable La doctrina coincide en que la inactividad administrativa en disciplina urbanística compromete principios de legalidad y eficacia (art. 103 CE). El incumplimiento de la Administración no puede dejar sin efecto el derecho de los particulares a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), debiendo garantizarse la ejecución forzosa de los actos firmes (arts. 98 y ss. Ley 39/2015).

VI. Conclusión La vía del recurso por inactividad y la reclamación de responsabilidad patrimonial son herramientas eficaces para forzar la actuación administrativa y obtener reparación de los perjuicios derivados de la pasividad municipal en la restauración de la legalidad urbanística.

Filtraciones desde elementos comunes: responsabilidad de la Comunidad y del propietario afectado

Mon, 15 Sep 2025 08:34:45 GMT

Las filtraciones de agua procedentes de elementos comunes (cubiertas, terrazas, bajantes, patios) constituyen una de las principales fuentes de litigiosidad en el régimen de propiedad horizontal. Determinar la responsabilidad de la Comunidad de Propietarios y la vía procesal adecuada es esencial para el éxito de la reclamación.

I. Marco normativo El régimen básico se encuentra en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (LPH): - Art. 9.1.f): obliga a los propietarios a permitir las reparaciones necesarias en los elementos comunes. - Art. 10.1.a): impone a la comunidad el deber de ejecutar las obras necesarias para el adecuado mantenimiento y conservación del inmueble. - Art. 21 LPH: prevé la acción de cesación y reclamación de daños y perjuicios. En el Código Civil, los arts. 1902 y 1907 establecen la responsabilidad extracontractual por daños causados por la ruina o mal estado de edificios.

II. Legitimación y acciones posibles El propietario afectado puede ejercitar:

1. Acción de cesación y reparación frente a la Comunidad para que realice las obras necesarias (art. 10 LPH). 2. Acción indemnizatoria por los daños ya producidos en su vivienda (art. 1902 CC). 3. Acciones acumuladas: solicitar en la misma demanda la condena a ejecutar obras y a indemnizar daños.

III. Prueba de causalidad y pericial técnica La carga de la prueba corresponde al actor (art. 217 LEC). Es fundamental: - Informe pericial técnico que identifique el origen exacto de la filtración y la relación causal con el daño. - Reportaje fotográfico y actas notariales si procede.

Presupuestos de reparación para cuantificar el daño.

IV. Jurisprudencia relevante STS 80/2024, de 23 de enero

(ECLI:ES:TS:2024:171) “El hecho de que la terraza tenga uso privativo no excluye su condición de elemento común en lo que afecta a la función de cubierta del edificio, siendo la comunidad responsable de su conservación.”

STS 273/2013, de 24 de abril (ECLI:ES:TS:2013:2162) “La obligación de mantener en buen estado la tela asfáltica y demás elementos de impermeabilización de la cubierta corresponde a la comunidad, por tratarse de elementos comunes.”

STS 402/2012, de 18 de junio (ECLI:ES:TS:2012:5771) “Deben diferenciarse los elementos comunes por naturaleza, que nunca pierden tal carácter (cubierta, forjado, estructura), de los que lo son por destino o acuerdo, cuya desafectación podría ser posible.”

V. Medidas cautelares La LEC (arts. 721 y ss.) permite solicitar medidas cautelares para asegurar la efectividad de la sentencia, como la ejecución urgente de obras para evitar que el daño se agrave.

VI. Conclusiones prácticas - La Comunidad de Propietarios responde de las filtraciones procedentes de elementos comunes, incluso de uso privativo. Es esencial contar con una pericial concluyente que determine el origen del daño. - Es viable acumular en una misma demanda la acción de condena a reparar y la acción de indemnización de daños. - La jurisprudencia más reciente refuerza esta responsabilidad y facilita la reclamación del propietario afectado.

Tarjetas revolving: qué son, por qué pueden ser abusivas y cómo reclamar:

Mon, 08 Sep 2025 08:28:11 GMT

Las tarjetas revolving se han convertido en los últimos años en un problema para miles de consumidores en España. Se trata de un producto financiero que, bajo la apariencia de una tarjeta de crédito convencional, esconde un sistema de amortización que genera una deuda casi interminable para el usuario.

En este artículo explicamos qué son, por qué muchas de sus cláusulas han sido declaradas abusivas por los tribunales y cómo puedes reclamar la devolución de lo pagado de más.

¿Qué es una tarjeta revolving?

Una tarjeta revolving permite realizar compras y disponer de efectivo como cualquier tarjeta de crédito. La diferencia es que el pago no se hace a fin de mes, sino que la deuda se va devolviendo en cuotas fijas mensuales muy pequeñas .

El problema surge porque, mientras se pagan esas cuotas bajas, el interés aplicado suele superar el 20 % TAE . Esto provoca que la mayor parte de la cuota se destine a pagar intereses y no capital, generando una espiral de endeudamiento que puede durar años.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo , en su sentencia de 4 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:600) , declaró usurario un contrato de tarjeta revolving con un interés del 26,82 % TAE, aplicando la Ley de Represión de la Usura de 1908 .

El Alto Tribunal estableció que:

“Un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso debe considerarse usurario” .

Esto significa que, si tu tarjeta aplica intereses muy por encima de los normales del mercado, puede declararse nula por usura , con obligación para la entidad de devolverte todo lo que hayas pagado en exceso.

Cómo reclamar una tarjeta revolving

Revisión del contrato : analizar el interés TAE y las cláusulas de amortización.
Reclamación extrajudicial : presentar escrito a la entidad solicitando la nulidad por usura o abusividad.
Demanda judicial : si la entidad no responde o rechaza la reclamación, se interpone demanda ante el Tribunal de Primera Instancia competente.

¿Qué puedes conseguir?

La nulidad del contrato de la tarjeta revolving.
La devolución de todos los intereses pagados en exceso.
En algunos casos, incluso que solo tengas que devolver el capital efectivamente prestado, sin intereses.

Conclusión

Si tienes una tarjeta revolving, es muy probable que estés pagando intereses abusivos. La jurisprudencia está dando la razón a los consumidores y es posible reclamar con altas probabilidades de éxito.

En el Bufete Catalá Rubio & Henry , especialistas en derecho civil y bancario, te ayudamos a revisar tu caso y reclamar lo que te corresponde.

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